Los datos del nuevo Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2023 reflejan que ha habido un incremento de las agresiones notificadas por los profesionales sanitarios.
Ante esta situación, el sindicato de Enfermería, SATSE, vuelve a reclamar que se apruebe una Ley contra la violencia en el SNS que obligue a las administraciones sanitarias a implementar medidas más contundentes y eficaces. “El incremento de las agresiones notificadas por los profesionales sanitarios en 2023 vuelve a dar la razón en la demanda de aprobar una ley”, explicaban desde el sindicato.
SATSE afirma que “los datos constatan que el problema de la violencia en el ámbito sanitario sigue en aumento en España, teniendo en cuenta, además, que no es una radiografía real ni exacta, ya que solo se recogen los casos notificados”.
Aumentan las agresiones a enfermeras
Tal y como expone SATSE, según el informe de datos publicado por el Ministerio de Sanidad, el 30% del total de casos ha tenido como víctima a una enfermera. La tasa de agresiones por cada 1.000 profesionales de Enfermería fue de 24,19 en 2023, cinco puntos más que el año anterior.
En términos generales, el incremento de casos de agresiones registrados ha sido de cuatro puntos, siendo las mujeres las más agredidas (76%), y los insultos y amenazas las agresiones más frecuentes. Respecto a las causas, la atención percibida por el paciente o sus demandas son las más habituales.
Una ley para prevenir la violencia
Desde SATSE llevan años instando a buscar soluciones ante este problema y, ya en 2018, trasladó al Gobierno, a las consejerías de Sanidad y a partidos políticos una propuesta de norma estatal con numerosas medidas para prevenir la violencia en el ámbito sanitario y para ayudar al profesional sanitario afectado.
El Sindicato de Enfermería considera que esta norma es muy necesaria e insta a los partidos políticos que tienen representación en la Cámara Baja en la actual legislatura a que la impulsen para conseguir atajar este problema que afecta al conjunto de profesionales que trabajan en el sistema sanitario.
Además, reitera la necesidad de dar una respuesta conjunta, regularizada y eficaz por parte de las organizaciones sanitarias para acabar con la violencia en este ámbito.
“En la actualidad, consejerías de sanidad y gerencias actúan de manera independiente, descoordinada, y, en muchas ocasiones, insuficiente. El objetivo prioritario tiene que ser que cualquier profesional, independientemente del lugar donde ejerza su actividad, tenga a su disposición los mismos recursos, atención y apoyo y eso solo es posible si se aprueba una regulación estatal de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y también para las empresas sanitarias privadas”, concluyen.
